domingo, 5 de diciembre de 2010

editorial de "El Periodico" sobre el tema controladores


creo que se explica perfectamente y por ello se la trasladamos.
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EDITORIAL
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

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Que los culpables paguen
Domingo, 5 de diciembre del 2010 Votos:+13-0Comentarios(0)
Para las cientos de miles de personas que quedaron atrapadas, para el sector aéreo o turístico y para la imagen exterior de España el daño causado por la salvaje protesta de los controladores de AENA no tiene perdón. Poner el nombre de huelga a lo que hicieron la tarde-noche del viernes este colectivo de privilegiados es un insulto a más de 150 años de luchas obreras y a la dignidad del resto de trabajadores y de los sindicatos de clase.

Edición Impresa Versión en .PDF Información publicada en la página 20 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 05 de diciembre de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
La realidad es que lo que hemos vivido en este negro fin de semana no ha sido una huelga al uso, sino algo muy distinto; un motín en el que muchos ciudadanos de bien han salido perjudicados. Y es a partir de reconocer este hecho desde donde deben analizarse los comportamientos políticos, las consecuencias económicas y las actuaciones judiciales derivadas de una protesta salvaje que no tiene reivindicación laboral que la justifique y menos aún por parte de un colectivo que goza de unos privilegios totalmente injustificados y conseguidos a base de chantajear a la empresa y al ministerio correspondiente utilizando a los ciudadanos como rehenes y a la importancia del sector turístico como coartada.

El Gobierno de Zapatero y el ministro Blanco solo son responsables de haber plantado cara a un sector profesional incapaz de racionalizar sus demandas y sus condiciones laborales para adaptarlas a la crisis económica actual y a la necesidad de mejorar la competividad de los aeropuertos españoles en un mercado turístico abierto y global.

Coartada política

Tras el acuerdo de agosto, nadie en su sano juicio puede acusar al Ejecutivo de falta de capacidad negociadora. Y quienes le han querido criticar por aprobar el pasado viernes los decretos sobre el cómputo anual de las horas laborales de los controladores y sobre las condiciones de su militarización son los que simplemente buscan una coartada política para dar apoyo a unos privilegiados.

Públicamente, el PP -de la mano de su portavoz Esteban González Pons- volvió a demostrar ayer su zafiedad poniendo por delante los intereses de partido a la defensa del interés general del país. Pero si se demuestran las graves acusaciones que lanzó el ministro Blanco, sobre una hipotética connivencia del PP y los controladores en la organización de esta protesta, entonces habremos pasado directamente a la deslealtad institucional movida por el egoísmo de querer recuperar el poder a base de empeorar las consecuencias de una crisis económica global. Este paso del Rubicón no debería quedar impune si se llega a demostrar lo que Blanco insinuó ayer. En algún momento los populares deberán recordar que un día u otro ellos volverán a ser gobierno y pagarán las consecuencias de haber ayudado a encarecer la deuda española y de haber colaborado con los controladores en su enfrentamiento por unas reivindicaciones extravagantes.

Pulso inaceptable

La gravedad del pulso planteado el viernes por los controladores al Gobierno explica la excepcionalidad de las medidas adoptadas: la militarización del servicio, primero, y la declaración del estado de alarma previsto por la Constitución en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer. Un contundente paquete de medidas que finalmente obligó a los controladores a volver a sus puestos de trabajo amenazados por la acusación de sedición y desacato a la autoridad. Esto permitió empezar ayer a recuperar una normalidad que tardará días en alcanzarse.

Pero el efecto inmediato de la medida no debería detener la actuación que inició el mismo viernes la fiscalía contra los autores de un delito contra el tráfico aéreo. La judicatura tendrá la última palabra, pero el ministerio público y la abogacía del Estado no deberían desistir en este camino a pesar de la remisión de la protesta. Debe irse hasta el final y encontrar también la manera de compensar económicamente a los sectores directamente afectados, especialmente las compañías aéreas y la hostelería. La salvajada del viernes tendrá un impacto en un fin de semana que mueve algunas décimas del PIB anual en unos ámbitos que están sufriendo la crisis intensamente y que están entre los llamados a tirar del país para superar la crisis.

2 comentarios:

Miquel dijo...

ahora faltan las medidas ejemplares...o sea...descabezar el sindicato de controladores...¿ cómo ?, ustedes ya lo saben...

ARC dijo...

...el camino coherente seria abrir expediente individualizado y como no ha sido una huelga legal,el sindicato no pinta nada.Caso por caso se revisa y todos los que se fueron sin caua justificada, dejan el puesto de trabajo.Las plazas se cubren por convocatoria con nuevas perspectivas, creando un "cuerpo oficial de controladores aereos" con derechos y obligaciones inherentes al tipo de trabajo y responsabilidades que conlleva.